En los años setenta, la principal reivindicación de las mujeres era su libertad reproductiva, que se refiere a su autonomía corporal y su derecho a decidir sobre su sexualidad y procreación.

Estas ideas feministas surgieron en aquellos años con el «Movimiento de Liberación de las Mujeres» en Francia y Bélgica y el «Women’s Liberation Movement» en el Reino Unido y Estados Unidos. Las feministas lucharon por la libertad de elección en materia de reproducción, cuestionando valientemente todas las restricciones impuestas por terceros: la sociedad, la familia, el Estado y la religión.

Defendían el derecho a la intimidad y a la decisión personal, expresado en los lemas de la época: "Un hijo cuando quiera, si quiero" o "Dueña de mi cuerpo".

Hoy, en 2023, las asociaciones feministas proabortistas europeas e internacionales están utilizando el lenguaje de los derechos humanos y las bases políticas de la ONU y Europa para obtener el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos.

Las conferencias internacionales organizadas por la ONU en Viena (1993), El Cairo (1994) y Pekín (1995) trataron de reconocer la disociación entre sexualidad y procreación. Dieron legitimidad a estas reivindicaciones y contribuyeron a su institucionalización por parte de la OMS y de la Federación Internacional de Planificación Familiar, al igual que las resoluciones del Parlamento Europeo y de la Asamblea del Consejo de Europa.

Las mujeres también han luchado por afirmarse como personas, liberándose de los roles tradicionales y accediendo a la educación, la autonomía económica y la participación política. Estas luchas se basan en su emancipación colectiva de la tutela conyugal, paterna y masculina, lo que les permite influir en las relaciones de poder en el ámbito público.

El auge de los movimientos contra el aborto

Los movimientos antiabortistas, en aumento desde los años 90, suelen ser conservadores o incluso reaccionarios, y están impulsados principalmente por el fundamentalismo religioso.

Hay dos fobias principales que caracterizan a estos movimientos: la de la igualdad entre mujeres y hombres, y la de la libertad y la autonomía de las mujeres.

Estos movimientos se manifiestan, en particular, a través de medidas destinadas a restringir, o incluso a suprimir, el acceso a un aborto seguro y legal. Los detractores del derecho al aborto siguen defendiendo el monopolio del Estado sobre la toma de decisiones relativas a los cuerpos reproductivos, basándose en argumentos relacionados con el derecho a la vida, la dignidad humana y la libertad de conciencia y de culto. La Santa Sede se ha aliado con las Iglesias evangélicas, ortodoxas y los Estados islámicos de los países del Golfo para defender estas posiciones.

Estos movimientos antiabortistas rechazan la separación entre sexualidad y procreación y pretenden volver a un «orden supuestamente natural». Utilizan el lenguaje de los derechos humanos, pero refiriéndose a una «ley natural» trascendente e inmutable.

Nos encontramos ante una segunda generación de movimientos antiabortistas, formada por alianzas entre diferentes corrientes conservadoras, reaccionarias, de extrema derecha e integristas religiosas. Este auge de los movimientos antiabortistas ha supuesto un retroceso en materia de autonomía corporal, libre disposición de la propia vida y derecho al aborto,

Un ejemplo emblemático es el de Polonia y la asociación antiabortista Ordo Juris. El Gobierno polaco ha endurecido la ley sobre el aborto, prohibiendo, en particular, los abortos por malformaciones fetales, lo que ha provocado la muerte de varias mujeres a raíz de abortos clandestinos y de la negativa de los médicos a practicar un aborto, incluso cuando la vida de la mujer corre peligro.

También cabe mencionar otras medidas restrictivas, como la creación de un registro obligatorio de todos los embarazos en Polonia. Cabe destacar que el auge de estos movimientos antiabortistas pone en peligro la democracia política liberal, sobre todo al rechazar la primacía del Derecho europeo y al cuestionar los principios del Estado.

Diversas instituciones europeas, entre ellas el Parlamento Europeo, se han pronunciado a favor del derecho al acceso a un aborto seguro y legal. Lamentablemente, en otros países se están produciendo otras medidas retrógradas, como la declaración del «Consenso de Ginebra», respaldada por algunos gobiernos.[1], que pone en tela de juicio el derecho al aborto como derecho humano, así como el cambio de postura del Tribunal Supremo de Estados Unidos respecto a la protección constitucional del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo[2].

El reto de constitucionalizar el derecho al aborto

A raíz de esta noticia en Estados Unidos, el presidente francés va a proponer que se incluya este derecho en la Constitución francesa y en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales.

Se han propuesto dos formulaciones, una de las cuales hace hincapié en un derecho una que obliga al Estado a garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a cambio del pago de impuestos y cotizaciones sociales, y la otra que insiste en un derecho-libertad sin obligaciones para el Estado.

La situación en la Unión Europea es desigual y puede dar lugar a retrocesos, sobre todo en los países en los que están en auge el autoritarismo y el populismo identitario de derechas.

La resolución del Parlamento Europeo aprobada en julio de 2022 reconoce que la protección del derecho al aborto tiene una repercusión directa en los derechos fundamentales. La Iglesia católica (COMECE) ha reafirmado su oposición al reconocimiento del derecho al aborto en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, afirmando que ello iría en contra de la dignidad humana.

Pero el debate sobre la constitucionalización del derecho al aborto no debe eclipsar la ampliación de los derechos de ciudadanía, como la libertad sexual y reproductiva. Hay que destacar la importancia de las políticas sociales, la educación sexual, la financiación de los anticonceptivos y del aborto, así como el acceso a los servicios sanitarios para luchar contra las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres.

Hay que distinguir entre los derechos humanos, que son inclusivos y se refieren al ser humano como tal, y los derechos de ciudadanía, que son exclusivos y definen quién puede ser ciudadano y cuáles son sus derechos y deberes.

Sin embargo, según el principio de subsidiariedad, el acceso efectivo a un aborto seguro y legal depende del Estado como garante de los derechos de ciudadanía y del Estado social como garante de la ciudadanía social. No obstante, las políticas de austeridad y las fuerzas políticas conservadoras pueden poner en peligro dicho acceso.

Las mujeres que carecen de la condición de ciudadanas, como las migrantes o las extranjeras, se ven especialmente afectadas por las restricciones al acceso al aborto. Las menores de edad también se ven afectadas en la mayoría de los países de la Unión Europea.

Conclusión: ¿cómo reaccionar?

Las perspectivas de un retroceso en los derechos de las mujeres, en particular en lo que respecta al acceso al aborto, son reales y hay que reaccionar ante ello. ¿Cómo?

Se dice que Gramsci defendía "el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad".

El pesimismo de la inteligencia debe llevarnos a reconocer que el futuro es sombrío, pero que no debemos negarlo. Es importante poner de relieve los mecanismos y las manifestaciones de la lógica reaccionaria en nuestras sociedades democráticas, así como destacar los fundamentos de estas democracias, en particular la libertad de la que disfrutamos en el Estado de derecho.

La libertad exige un deber de solidaridad y vigilancia para preservar lo que Hannah Arendt llamaba el "derecho a tener derechos" y exigir nuevos derechos.

El optimismo de la voluntad debe impulsarnos a apoyar las acciones llevadas a cabo por los defensores del derecho al aborto, entre las que se incluyen la vigilancia frente a los retrocesos legislativos, las manifestaciones masivas, los recursos judiciales a nivel europeo e internacional, la coordinación entre asociaciones a favor del derecho a decidir, y la organización de acciones concretas de solidaridad para ayudar a las mujeres que desean interrumpir su embarazo.

Esta solidaridad puede llegar hasta la desobediencia civil, como ocurrió en Bélgica y en Francia en la década de 1970, o bien proporcionando información y medios para un aborto seguro. Las reacciones de las instituciones europeas ante la situación en Polonia o ante las medidas adoptadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (en Texas, por ejemplo) van en la línea de la defensa del derecho al acceso a un aborto seguro y legal.

Así es como el aborto se ha convertido en un tema geopolítico crucial, no solo para la autonomía y la salud sexual y reproductiva de las mujeres, sino también para el futuro de los regímenes democráticos frente al auge de los regímenes autoritarios. El retroceso de los derechos de las mujeres es, sin duda, una de las principales manifestaciones del retroceso democrático.

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El comité editorial

[1] Brasil-Bolsonaro, Egipto-Al Sisi, Hungría-Orban, Indonesia-Widadp, Uganda-Museveni y Estados Unidos-Trump.

[2] Invalidación de la sentencia "Roe contra Wade" de 1973)