En los años setenta, la principal reivindicación de las mujeres era su libertad reproductiva, que se refiere a su autonomía corporal y su derecho a decidir sobre su sexualidad y procreación.

Estas ideas feministas surgieron en aquellos años con el "Movimiento de Liberación de la Mujer" en Francia y Bélgica y el "Movimiento de Liberación de la Mujer" en el Reino Unido y Estados Unidos. Las feministas lucharon por la libertad de elección en materia de reproducción, desafiando valientemente todas las limitaciones impuestas por terceros: la sociedad, la familia, el Estado y la religión.

Defendían el derecho a la intimidad y a la decisión personal, expresado en los lemas de la época: "Un hijo cuando quiera, si quiero" o "Dueña de mi cuerpo".

Hoy, en 2023, las asociaciones feministas proabortistas europeas e internacionales están utilizando el lenguaje de los derechos humanos y las bases políticas de la ONU y Europa para obtener el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos.

Las conferencias internacionales organizadas por la ONU en Viena (1993), El Cairo (1994) y Pekín (1995) trataron de reconocer la disociación entre sexualidad y procreación. Dieron legitimidad a estas reivindicaciones y contribuyeron a su institucionalización por parte de la OMS y de la Federación Internacional de Planificación Familiar, al igual que las resoluciones del Parlamento Europeo y de la Asamblea del Consejo de Europa.

Las mujeres también han luchado por individualizarse liberándose de los roles tradicionales, accediendo a la educación, a la autonomía económica y a la participación política. Estas luchas se basan en su emancipación colectiva de la tutela conyugal, paterna y masculina, lo que les permite influir en el equilibrio de poder en el ámbito público.

El auge de los movimientos contra el aborto

Los movimientos antiabortistas, en aumento desde los años 90, suelen ser conservadores o incluso reaccionarios, y están impulsados principalmente por el fundamentalismo religioso.

Dos fobias principales caracterizan a estos movimientos: la de la igualdad entre mujeres y hombres, y la de la libertad y autonomía de las mujeres.

Una de las formas en que se manifiestan estos movimientos es a través de medidas dirigidas a restringir o incluso eliminar el acceso al aborto legal y seguro. Los detractores del derecho al aborto siguen defendiendo el monopolio del Estado en la toma de decisiones sobre los órganos reproductivos, basándose en argumentos relacionados con el derecho a la vida, la dignidad humana y la libertad de conciencia y religión. La Santa Sede se alía con las Iglesias evangélicas y ortodoxas y con los Estados islámicos de los países del Golfo para defender estas posiciones.

Estos movimientos antiabortistas rechazan la disociación entre sexualidad y procreación y pretenden volver a un "supuesto orden natural". Utilizan el lenguaje de los derechos humanos, pero se refieren a una "Ley Natural" trascendente e inmutable.

Asistimos a una segunda generación de movimientos antiabortistas, formados por alianzas entre diferentes corrientes conservadoras, reaccionarias, de extrema derecha y fundamentalistas religiosas. El auge de los movimientos antiabortistas ha provocado un retroceso en términos de autonomía corporal, autodeterminación y derecho al aborto,

Un ejemplo emblemático es Polonia y la asociación antiabortista Ordo Juris. El gobierno polaco ha endurecido la ley sobre el aborto, prohibiendo los abortos por malformación del feto, lo que ha provocado la muerte de varias mujeres como consecuencia de abortos clandestinos y la negativa de los médicos a practicar un aborto incluso cuando la vida de la mujer corre peligro.

También ha habido otras acciones restrictivas, como la creación de un censo obligatorio de todos los embarazos en Polonia. Hay que subrayar que el auge de estos movimientos antiabortistas pone en peligro la democracia política liberal, en particular al rechazar la primacía del derecho europeo y cuestionar los principios del Estado.

Diversas instancias europeas, entre ellas el Parlamento Europeo, han reaccionado a favor del derecho de acceso al aborto legal y seguro. Desgraciadamente, existen otras acciones regresivas en otros países, como la declaración del "Consenso de Ginebra", apoyada por algunos gobiernos.[1]que cuestiona el derecho al aborto como derecho humano, así como el cambio de postura del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la protección constitucional del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo.[2].

El reto de constitucionalizar el derecho al aborto

Tras esta noticia en Estados Unidos, el Presidente francés propondrá que este derecho se consagre en la Constitución francesa y en la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Se han propuesto dos formulaciones, una que hace hincapié en un derecho que compromete al Estado a garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a cambio del pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y la otra que insiste en una derecho-libertad sin obligaciones para el Estado.

La situación en la Unión Europea es desigual y puede dar lugar a retrocesos, sobre todo en países donde el autoritarismo y el populismo de derechas están en alza.

La resolución del Parlamento Europeo adoptada en julio de 2022 reconoce que la protección del derecho al aborto tiene una implicación directa en los derechos fundamentales. La Iglesia católica (COMECE) ha reafirmado su oposición al reconocimiento del derecho al aborto en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, alegando que iría en contra de la dignidad humana.

Pero el debate sobre la constitucionalización del derecho al aborto no debe eclipsar la ampliación de los derechos de ciudadanía, como la libertad sexual y reproductiva. Hay que destacar la importancia de las políticas sociales, la educación sexual, el reembolso de los gastos de anticoncepción y aborto y el acceso a los servicios sanitarios para combatir las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres.

Debemos distinguir entre los derechos humanos, que son inclusivos y conciernen al ser humano como tal, y los derechos de ciudadanía, que son exclusivos y definen quién puede ser ciudadano y cuáles son sus derechos y deberes.

egún el principio de subsidiariedad, el acceso efectivo al aborto legal y seguro depende del Estado como garante de los derechos de ciudadanía y del Estado social como garante de la ciudadanía social. Sin embargo, las políticas de austeridad y las fuerzas políticas conservadoras pueden comprometer este acceso.

Las mujeres sin estatuto de ciudadanía, como las inmigrantes o extranjeras, se ven especialmente afectadas por las restricciones al acceso al aborto. Las menores de edad también se ven afectadas en la mayoría de los países de la UE.

Conclusión: ¿cómo reaccionar?

Existe un riesgo real de que los derechos de la mujer, y en particular el acceso al aborto, se vean socavados, y tenemos que actuar. ¿Cómo podemos hacerlo?

Se dice que Gramsci defendía "el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad".

El pesimismo de la inteligencia debe llevarnos a reconocer que el futuro es sombrío, pero debemos negarlo. Es importante poner de relieve los mecanismos y las expresiones de la lógica reaccionaria en nuestras sociedades democráticas, y subrayar los fundamentos de estas democracias, en particular la libertad de que disfrutamos en el Estado de Derecho.

La libertad exige un deber de solidaridad y vigilancia para preservar lo que Hannah Arendt llamaba el "derecho a tener derechos" y exigir nuevos derechos.

El optimismo de la voluntad debe llevarnos a apoyar las acciones emprendidas por los proabortistas que defienden el derecho al aborto, incluyendo la vigilancia contra la regresión legislativa, las manifestaciones masivas, las acciones legales a nivel europeo e internacional, la formación de una coordinación entre las asociaciones proabortistas y la organización de solidaridades concretas para ayudar a las mujeres que desean interrumpir su embarazo.

Esta solidaridad puede llegar a la desobediencia civil, como ocurrió en Bélgica y Francia en los años setenta, o a proporcionar información y recursos para el aborto seguro. Las reacciones de los organismos europeos ante situaciones como la vivida en Polonia o la creada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos (en Texas, por ejemplo) van en la línea de la defensa del derecho de acceso al aborto legal y seguro.

El aborto se ha convertido así en una cuestión geopolítica crucial, no sólo para la autonomía de las mujeres y la salud sexual y reproductiva, sino también para el futuro de los regímenes democráticos frente al auge de los regímenes autoritarios. El retroceso de los derechos de las mujeres es una de las principales expresiones de la regresión democrática.

Si desea responder a este boletín, escriba a Bérengère Pereira Marques (marques-pereira.berengere@ulb.be) o el comité editorial (paradispauleric@gmail.com)

El comité editorial

[1] Brasil-Bolsonaro, Egipto-Al Sisi, Hungría-Orban, Indonesia-Widadp, Uganda-Museveni y Estados Unidos-Trump.

[2] Invalidación de la sentencia "Roe contra Wade" de 1973)