Estado de Derecho y derechos fundamentales.

1. ¿De qué estamos hablando?

El concepto de Estado de Derecho, que constituye el pilar fundamental de las democracias liberales, es también la piedra angular de la arquitectura jurídica de la Unión Europea, tal y como se describe en el Tratado de Maastricht (TUE, 1992) y en el de Lisboa (TFUE, 2007), así como en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (Niza, 2000).

El artículo 2 del TUE establece que:

" La Unión se basa en los valores el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, la’Estado de Derechoasí como respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres« .

2. Un concepto amenazado.

El concepto de Estado de derecho, que se supone que protege las libertades fundamentales de las que disfrutan los ciudadanos europeos, se ve hoy en día cuestionado y es objeto de tres críticas principales.

• El Estado de derecho se habría puesto al servicio del neoliberalismo, considerado como una desviación del liberalismo original y una justificación del capitalismo desenfrenado.
• El Estado de derecho, al proteger unos derechos individuales cada vez más amplios, sería el responsable del desarrollo de una sociedad compuesta por individuos narcisistas, que anteponen sus deseos personales a la necesidad de convivir de forma solidaria.
• El Estado de derecho, al fomentar el ‘gobierno de los jueces‘, marcaría el fin de la política. Esta última crítica va dirigida sobre todo a la UE, culpable de utilizar el Estado de derecho para diluir, o incluso anular, la legitimidad de las decisiones nacionales.

Estas tres grandes categorías de críticas provienen de diversos grupos con intereses, a veces divergentes, pero que coinciden en intentar socavar el funcionamiento de las instituciones europeas o nacionales que se basan en los valores mencionados anteriormente.

En esta coalición de enemigos del Estado de derecho se encuentran:

• Las críticas al liberalismo político. Pertenecen a la tradición más antigua, ya que comenzaron a manifestarse ya desde la Revolución Francesa. Es precisamente entre sus filas donde se encuentran los religiosos integristas que miran con recelo estos derechos humanos que han contribuido a secularizar las sociedades occidentales. Oponen, casi siempre de manera implícita, los derechos de Dios a los derechos humanos.
• Los marxistas ortodoxos, para quienes los derechos humanos son una invención burguesa que encubre las relaciones de poder económicas, que constituyen los verdaderos retos sociales.
• Los populistas y los soberanistas. Los primeros promueven lo que se denomina, de forma impropia, la ‘democracia iliberal’. Este término engañoso sirve para ocultar la intención de acabar con uno de los pilares fundamentales de la democracia: la separación de poderes. El primer objetivo es la independencia del poder judicial. Los segundos cuestionan la injerencia —ilegítima a su juicio— de instituciones supranacionales no elegidas en las decisiones de los Estados miembros de la UE. Populistas y soberanistas coinciden en considerar que el TJUE o el TEDH menosprecian a los parlamentos nacionales cuando critican o reforman las decisiones de estos basándose en instrumentos jurídicos que, sin embargo, dichos Estados han ratificado.